Finalmente habrá fútbol el domingo, no porque así lo haya dictado la Audiencia Nacional sino porque la Sala de lo Social de la misma se ha declarado incompetente para decidir sobre la medida cautelar solicitada por el sindicato de futbolistas AFE para suspender los partidos previstos para el 2 de enero en primera y segunda división. Por su parte, la responsabilidad debiera recaer sobre la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional porque el conflicto tiene que ser planteado sobre la Federación Española de Fútbol y no sobre la Liga de Fútbol Profesional ya que ésta última solo propone el calendario y es la primera la que toma la decisión y ejerce competencias públicas por delegación del Consejo Superior de Deportes. De esta forma, solo hubiera correspondido a la Sala de lo Social si la AFE hubiera presentado la demanda ante la LPF antes del 23 de junio, cuando se presentó la propuesta del calendario de la liga. Ya el 19 de julio, cuando Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, confirmó ese calendario dejó de tener competencia este tribunal y pasó a serlo de la Sala Contencioso-Administrativo por tratarse de un acto realizado por una entidad privada que, en este caso, lo hace en “ejercicio de la delegación de potestades públicas”.
Del mismo modo, la Ley del Deporte determina que la impugnación de actos administrativos no corresponde a los juzgados de lo social, sino a los que han sido remitidos en este caso (contencioso-administrativo), que son los que resuelven los litigios frente a la Administración Pública. En concreto, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, aunque no podría actuar a tiempo para paralizar los partidos previstos.
Con respecto a la resolución judicial se han producido varias reacciones. En primer lugar, José Luis Astiazarán (presidente de la LFP) gradeció al tribunal su celeridad “porque había muchos intereses en juego de aficionados, quinielas y televisiones, que no había tiempo de rectificar. Asimismo se declaró “muy satisfecho, tranquilo y contento porque las familias con sus críos podrán ir al fútbol este domingo”.
En cuanto a lo que ha opinado el presidente de la AFE, Luis Rubiales, ha sido contundente: “salimos reforzados porque nos han reconocido que están incumpliendo nuestros derechos pero que este no es el lugar para solucionarlos”, aseguró. “Ahora tenemos que estudiar si acudimos a la Sala de lo Contencioso- Administrativo”. Sin embargo, también aseguró que aunque se vulneren los derechos de los futbolistas, éstos no van a negarse a competir este domingo pero que los gastos por daños y perjuicios podrían ascender hasta cifras como 16 o 18 millones de euros. Esta cifra no es aleatoria. Es la misma cantidad que, según alegó la LPF, la AFE tendría que haber dado como fianza en el caso de que el tribunal le hubiera dado la razón en la suspensión de los partidos. Y también la misma cantidad que, según la liga, se perdería en caso de que estos partidos no se celebraran.
Fuentes:
