Los presuntos etarras, Juan Carlos Besance y Xabier Atristain, detenidos por tenencia de armas y explosivos han declarado recientemente que fueron instruidos en Venezuela durante 2008. Ante esto, el presidente venezolano, Hugo Chávez, leyó el lunes un comunicado en la televisión estatal en el que explicó que "el Gobierno de la República Boliviariana de Venezuela refuta y desmiente cualquier aseveración que pretenda vincularlo con la organización terrorista ETA, cuya actividad rechaza sin paliativos" y que, asimismo, "no se puede dar credibilidad a las declaraciones rendidas ante un juez por los criminales sanguinarios desprovistos de calidad humana y moral"".
Por su parte, el embajador venezolano en España, ha coincidido con Chávez al declarar el pasado lunes que "su país tiene serias dudas" de que las declaraciones de los presuntos terroristas "hayan sido totalmente voluntarias". Así, ha explicado que "la supuesta confesión bien pudo ser arrancada irregularmente, y si así fuera no tendría ningún valor probatorio. Bien pudo ser una estrategia jurídica de los imputados para aminorar la pena y tampoco tendría o tiene valor probatorio contra terceros". Y, por último, ha añadido que con sus declaraciones "simplemente" hace "conjeturas, desde un punto de vista teórico, sobre que no toda confesión puede darse como válida" y que "no hay confesión que no esté sujeta a investigación".
Por tanto, Rodríguez ha considerado "absurdo que se dé más credibilidad a uno o dos imputados que a un Estado que ha cooperado con las causas de la paz" y que, al igual que expresó el presidente Chávez, su país condena "de forma contundente" el terrorismo y que, por tanto, "no quiere absolutamente nada con el terrorismo en todo el mundo, no solamente con ETA".
Precedentes
No es la primera vez que se produce un choque entre Madrid y Caracas en materia de terrorismo puesto que, según el auto judicial procedente de la Audiencia Nacional española que el lunes sacaba a la luz este hecho, ya en 2007 miembros de ETA recibieron formación en cuanto al manejo de explosivos en un lugar de la selva, escoltados por integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Aún así, tras la resolución judicial, España y Venezuela dieron por zanjada la controversia con un comunicado en el que reforzaban el compromiso conjunto de luchar contra el terrorismo.
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